Corte Constitucional da Colômbia autoriza laqueadura em incapazes mentais mediante autorização judicial

A Corte Constitucional da Colômbia determina a exequibilidade do artigo 7° da lei 1412 de 2010, estabelecendo que em casos específicos de menores entre 14 e 18 anos de idade em situação de incapacidade mental severa e permanente poderão ser sometidas à laqueadura mediante autorização judicial e previa solicitude do representante legal já que isso é um mecanismo de proteção com as incapacitadas que não podem manifestar sua própria vontade.

REPÚBLICA DE COLOMBIA  CORTE CONSTITUCIONAL

COMUNICADO No. 08  Marzo 11 de 2014

I. EXPEDIENTE D-9786 - SENTENCIA C-131/14 (Marzo 11)  M.P. Mauricio González Cuervo

 LA PROHIBICIÓN DE PRACTICAR LA ANTICONCEPCIÓN QUIRÚRGICA A MENORES DE EDAD TIENE UNA FINALIDAD LEGÍTIMA DESDE LA PERSPECTIVA CONSTITUCIONAL, CONSIDERANDO SU CARÁCTER DEFINITIVO, LA PRESERVACIÓN DEL DERECHO DE LOS JÓVENES A FUNDAR UNA FAMILIA Y LA POSIBILIDAD DE QUE EN EL FUTURO DECIDAN DE MANERA LIBRE E INFORMADA. PROCEDIMIENTO ESPECIAL EN EL CASO DE LOS MENORES EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD MENTAL O EN RIESGO INMINENTE PARA SU VIDA 

 1. Norma acusada 

LEY 1412 DE 2010 

(Octubre 19) 

Por medio de la cual se autoriza la realización de forma gratuita y se promueve la ligadura de conductos deferentes o vasectomía y la ligadura de trompas de Falopio como formas para fomentar la paternidad y la maternidad responsable 

Artículo 7°. Prohibición. En ningún caso se permite la práctica de la anticoncepción quirúrgica a menores de edad. 

2. Decisión 

Declarar EXEQUIBLE el artículo 7º de la Ley 1412 de 2010, por los cargos analizados. 

3. Síntesis de los fundamentos 

Le correspondió a la Corte en esta oportunidad, determinar: (i) si la prohibición absoluta de la anticoncepción quirúrgica para los adolescentes entre los 14 y 18 años de edad configura una medida violatoria de la dignidad humana, el derecho a la igualdad, al libre desarrollo de la personalidad, al ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos y a fundar una familia, considerando que la ley establece su capacidad relativa para contraer matrimonio, lo cual supondría el derecho a decidir sobre el número de hijos que se quieren o no procrear. (ii) si privar a los menores en situación de discapacidad o a sus padres o representantes legales de estos menores, de la posibilidad de decidir sobre la práctica de la anticoncepción quirúrgica, desconoce sus derechos sexuales y reproductivos. 

En primer término, la Corte encontró que la prohibición de practicar la anticoncepción quirúrgica en menores entre 14 y 18 años que hayan contraído matrimonio es constitucional porque salvaguarda su consentimiento futuro y pleno y no impide que los menores adultos ejerzan la paternidad responsable a través de otros métodos de planificación, con un alto porcentaje de eficacia pero no con efectos permanentes o irreversibles. 

En relación con los efectos de la anticoncepción quirúrgica como parte de la política pública de prevención del embarazo adolescente, la Corporación consideró que se trataba de un cargo que carecía de pertinencia constitucional. 

A juicio del tribunal constitucional, la medida de protección de los menores adoptada por el legislador, se encuentra comprendida dentro de su margen de configuración y tiene una finalidad legítima desde el punto de vista constitucional, considerando el carácter definitivo de la anticoncepción quirúrgica y la preservación del derecho de los jóvenes a fundar una familia y proteger la posibilidad de que en el futuro decidan de manera libre e informada sobre esta cuestión. Si bien es una medida claramente proteccionista, el interés que persigue Comunicado No. 08. Corte Constitucional. Marzo 11 de 2014 2 

es válido e importante desde la perspectiva constitucional. Así mismo, la Corte estableció que es una medida adecuada para alcanzar la finalidad propuesta, esto es, la de preservar la posibilidad de que los jóvenes funden una familia y ejerzan su libertad reproductiva cuando tengan la capacidad y madurez suficientes para comprender las implicaciones de la anticoncepción quirúrgica. Al impedir esta práctica antes de los 18 años, se asegura que una decisión de tal transcendencia solo pueda ser tomada cuando se llegue a la mayoría de edad en que se presume la capacidad de las personas de tomar sus decisiones y asumir sus deberes y responsabilidades. 

En cuanto a la situación particular de los menores en situación de discapacidad, la Corte circunscribió su examen a la posibilidad de aplicar la anticoncepción quirúrgica a los menores en condición de discapacidad mental. Advirtió que el artículo 6º de la Ley 1412 de 2010 regula el procedimiento para someter a estas personas a este procedimiento quirúrgico sin distinguir entre mayores o menores de edad. Sin embargo, como la prohibición del artículo 7º de aplicar la anticoncepción quirúrgica es general, para todos los menores de edad, podría entenderse que el artículo 6º no sería aplicable para aquellos menores en situación de discapacidad mental. 

Al respecto, la Corte recordó que la jurisprudencia constitucional ha establecido que, cuando se trata de menores en condición de discapacidad respecto de los cuales se haya comprobado la imposibilidad de que en el futuro otorguen su consentimiento para someterse a la esterilización, los padres o en todo caso el represente legal, deberán solicitar autorización al juez para practicar la anticoncepción quirúrgica. En este sentido, la jurisprudencia ha estimado que una persona que no está en capacidad de comprender en qué consiste y cuáles son las consecuencias de la esterilización, como en el caso de las discapacidades mentales, difícilmente estará en condiciones de comprender la responsabilidad que lleva consigo la maternidad o la paternidad y por ende, las implicaciones de poder o no procrear. De otro lado, la Corte encontró que existen casos en que la situación de grave riesgo para la vida del menor hace que la prohibición absoluta de aplicar ese procedimiento en menores de edad entre en tensión con la preservación del derecho a la vida. En la primera hipótesis, consideró que es aplicable el artículo 6º de la Ley 1412 de 2012, de manera que la persona en condición de discapacidad mental, independientemente de su edad, puede ser sometida al procedimiento de anticoncepción quirúrgica, para lo cual requiere de previa autorización judicial, a solicitud de su representante legal. En el segundo evento, la Corte estimó que debe realizarse una ponderación de los derechos involucrados, para permitir que el derecho a la vida prevalezca. En todo caso, esta permisión solo procederá previa autorización judicial, a solicitud de los padres o representante legal según el caso; y dado que se está ante una hipótesis diferente de la del menor con discapacidad mental, el procedimiento de autorización deberá involucrar a la menor al momento de la realización de la valoración médica y la autorización judicial. 

Para la Corte, las dos circunstancias anteriores plantean situaciones límite más complejas, frente a las cuales, la prohibición prevista en el artículo 7º de la Ley 1412 de 2010 podría resultar, en casos concretos, contraria al deber del Estado de proteger a las personas en condición de discapacidad y a los menores de edad (arts. 44 y 47), cuyos derechos prevalecen sobre los demás. Por consiguiente, el Estado debe, en razón de debilidad manifiesta de estas personas garantizar la autodeterminación y permitirles acceder a todos los servicios y medios disponibles para que no deban someterse a situaciones que ellos no han escogido, esto es, desde el momento en que estén en capacidad de procrear. La decisión de someterse a anticoncepción quirúrgica asegura condiciones de vida más dignas para quienes no pueden tomar decisiones relacionadas con el ejercicio de su libertad reproductiva y que pueden verse expuestos a embarazos forzados en detrimento de su dignidad e integridad personal. 

Por consiguiente, la Corte procedió a declarar la exequibilidad del artículo 7º de la Ley 1412 de 2010, precisando que en casos específicos de menores en situación de discapacidad mental severa y permanente que estén en imposibilidad de otorgar en el futuro su consentimiento libre e informado y de menores para quienes un embarazo implica un riesgo inminente para su vida, el juez puede evaluar si autoriza la práctica de anticoncepción quirúrgica a un menor en las dos hipótesis anteriores, a solicitud de su representante legal. 

Leia a decisão na íntegra

Pacientes de hospital psiquiátrico Heitor Carrilho, no Rio, voltarão para casa

Luiz Silveira/Agência CNJ

Em um prazo de dois anos, 88 pacientes atualmente internados no Hospital Psiquiátrico Heitor Carrilho, no Rio de Janeiro/RJ, deverão voltar a morar em um lar. A notícia foi dada pelo coordenador de saúde da Secretaria de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro, Marcos Argolo, nesta segunda-feira (21/1). A medida faz parte do processo de desinstitucionalização dos hospitais psiquiátricos cariocas que vem ocorrendo desde 2009 e segue o que preconiza a chamada Lei Antimanicomial (10.216/2001), que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais.
“A mudança de endereço desses pacientes já deveria ter sido feita há anos; eles já cumpriram as medidas de segurança a que foram submetidos, mas nunca puderam voltar para suas casas por terem perdido o vínculo com a família ou pela falta de uma rede de assistência social que os acompanhe”, explica Argolo. A desinstitucionalização dos pacientes contará com o trabalho das equipes de saúde mental dos municípios, assim como da Justiça.
A ideia é que cada equipe de saúde mental dos municípios daquele estado ajude na tarefa de reintegrar os pacientes em suas respectivas famílias ou no encaminhamento às residências terapêuticas. A manutenção de pacientes em hospitais de custódia que já cumpriram medidas de segurança e que seguem internados por falta de um programa de saúde mental que os acompanhe é um problema que se repete em todo o País.
Na Bahia, após visita dos juízes do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), foram descobertos 31 pacientes em situação análoga. No ano passado, mutirão do Complexo Médico Penal do Paraná descobriu 108 casos de internação com tempo indevido.
“Esse é um dos principais desafios que sociedade e Estado vêm encontrando para cumprir a Política Antimanicomial”, afirma o juiz Luciano Losekann, coordenador do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas do CNJ. “Apesar de já ter uma década de funcionamento, a verdade é que o Estado brasileiro não se articulou para cumprir a Lei 10.216”, diz o juiz do CNJ.
Em 2011, o CNJ aprovou a Recomendação n. 35, que determina a adoção da política antimanicomial na execução das medidas de segurança dos pacientes judiciários, em concordância com os princípios e as diretrizes da Política Antimanicomial. O texto recomenda aos tribunais, entre outras medidas, que os casos de penas (medidas de segurança) envolvendo dano mental, sempre que possível, sejam cumpridos em regime aberto.
Outras medidas previstas na recomendação são a criação de um núcleo interdisciplinar para auxiliar os juízes nos casos que envolvam sofrimento mental, assim como o acompanhamento psicossocial, de modo contínuo, desses pacientes, sempre que possível em meio aberto. O objetivo é evitar que o paciente se afaste do meio social em que vive ou mesmo perca os laços familiares.
No Rio de Janeiro, há 274 pacientes internados nos três hospitais de custódia do estado: 127 estão no Hospital Henrique Roxo e 59 estão no Hospital Roberto Medeiros. Aguardam a desinstitucionalização apenas os demais 88 pacientes do Hospital Psiquiátrico Heitor Carrilho.
Regina Bandeira
Agência CNJ de Notícias

site CNJ

Proposta do novo Código Penal descriminaliza uso privado de drogas

A comissão de juristas responsável pelo anteprojeto do novo Código Penal definiu que a proposta descriminalizará o uso de drogas. Pelo texto aprovado na manhã desta segunda-feira (28), caberá ao Poder Executivo regulamentar a quantidade de substância que uma pessoa poderá portar e manter sem que se considere tráfico. O anteprojeto será submetido ao trâmite legislativo regular após a conclusão dos trabalhos da comissão.

A quantidade de droga deve corresponder ao consumo médio individual de cada tipo de droga pelo período de cinco dias. A regulamentação dessa quantidade específica ficará a cargo de órgão administrativo de saúde pública, como a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). O cultivo para consumo próprio também não será criminalizado.

A presunção de consumo para uso pessoal é relativa. Isso significa que, mesmo portando quantidade de droga menor que a regulamentar, a pessoa poderá ser condenada por tráfico caso se comprove, por outros elementos, que a substância não se destinava ao seu uso pessoal. Da mesma forma, quantidade superior poderá ser considerada como para consumo próprio, caso o acusado consiga comprovar essa destinação.

Crimes mantidos
Pela proposta da comissão, continua sendo crime o uso público e ostensivo de substâncias entorpecentes, assim como nas proximidades de escolas e na presença de crianças e adolescentes.

A pena para esse crime será a mesma atualmente aplicada aos usuários de drogas: advertência sobre os riscos do consumo, prestação de serviços à comunidade e comparecimento a cursos educativos.

Também continua crime a indução, instigação ou auxílio ao uso indevido de droga, com prisão de seis meses a dois anos. O compartilhamento de droga eventual e sem objetivo de lucro, com pessoa do relacionamento do agente, também é punível, com pena entre seis meses e um ano mais multa.

A comissão ainda irá deliberar sobre as causas de redução de pena para o tráfico. O restante da estrutura dos tipos penais relacionados não sofreu alteração significativa. Na mesma sessão, a comissão também tratou de bullying, stalking, “flanelinhas” e constrangimento ilegal para tratamento médico.
do site do STJ

A regulamentação de um estado de exceção

 EDMAR OLIVEIRA

Vivemos uma democracia que possibilitou nosso crescimento como nação. De fato, o país vem crescendo e se desenvolvendo como nunca. Para os incluídos. Aos excluídos urbanos a democracia pode estar regulamentando um Estado de exceção - usando a psiquiatria como instrumento repressivo do Estado como se fez nas ditaduras. Isso é grave.

Médico psiquiatra, ex-diretor do Instituto Municipal Nise da Silveira, autor de Ouvindo vozes e von Meduna, ambos sobre a prática em saúde mental

A Comissão de Assuntos Sociais do Senado se prepara para votar o Projeto de Lei (PLS) 111/10, que permite a internação compulsória do usuário de drogas, bastando para isso a autorização de um laudo médico. A proposta do PLS foi apresentada por senador do DEM, que previa originalmente a prisão do usuário. Dois outros senadores, da oposição, "melhoraram" o texto original trocando a prisão pela "internação compulsória", num ato falho que expõe o caráter repressivo do recolhimento. Mais grave ainda é a avaliação dos senadores para a facilidade da aprovação do PL, já que o Ministério da Saúde autoriza a "tese" (sic), na interpretação dos políticos de oposição às recentes declarações do ministro da Saúde sobre o tema.


Duas consequências serão inevitáveis se tal projeto tornar-se lei. Primeiro, desfigura-se a Lei 10.216/2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas com transtornos mentais. Nela já se permite a internação involuntária, por ato médico, mas é necessário ao Judiciário determinar a internação compulsória, pois tal instrumento necessita de processo jurídico. Mesmo na internação involuntária, a 10.216 (número da legalidade já decorado pelos defensores da reforma psiquiátrica) obriga o internante a comunicar ao Ministério Público, que zela pela garantia dos direitos individuais.


Isso possibilita ao internado requerer sua defesa se se sentir lesado. Portanto não são sinônimos como às vezes se quer fazer acreditar por má-fé. A internação involuntária deve ser uma indicação clínica extrema, e provisória, para um paciente que será assistido pelo médico requisitante, conforme determina a lei, e com direitos de garantia de posterior discordância do internado. Na internação compulsória, cessam-se os direitos individuais e, por isso, a Lei 10.216 exige um processo jurídico e determinação judicial. Aprovada a PLS 111/10, parte significativa e essencial da proteção legislativa aos portadores de transtornos mentais será eliminada.


Segundo, haverá uma consequência trágica para o estado democrático. Aprovado o PLS 111, o Estado se coloca no direito de tirar o cidadão das ruas por uso de drogas com o Recolhimento Involuntário de pessoas indesejáveis à sociedade. Por isso os autores da "melhoria da lei" traíram-se na proposta de emenda. Não se troca "prisão" por "internação". Mas "prisão" por "recolhimento", o que vem a ser o mesmo. E compulsórios os dois.


Para os que não viveram os anos de chumbo, relembro um acontecimento de abusos do "poder médico", entre outros. No Rio de Janeiro, durante a ditadura militar, uma clínica particular da Zona Oeste tinha por prática recolher mendigos e bêbados nas ruas da Zona Sul e, posteriormente, levar os recolhidos para obter "autorização de internação" nos postos de saúde do antigo Inamps (Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdência Social). Tais autorizações eram dadas por médicos que trabalhavam na referida clínica, quando não eram sócios nessa promiscuidade público-privada. Fazia-se dos desvalidos o lucro dos descarados. Mas eram anos de chumbo. E essas práticas ficaram envergonhadas diante do vigor de uma democracia que construímos nas lutas que fizeram o antigo regime desmoronar. Reclamávamos todos, os democratas, do uso da psiquiatria como prática repressiva de Estado, como acontecia no stalinismo.

Lei Antimanicomial

LEI No 10.216, DE 6 DE ABRIL DE 2001.

Dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1o Os direitos e a proteção das pessoas acometidas de transtorno mental, de que trata esta Lei, são assegurados sem qualquer forma de discriminação quanto à raça, cor, sexo, orientação sexual, religião, opção política, nacionalidade, idade, família, recursos econômicos e ao grau de gravidade ou tempo de evolução de seu transtorno, ou qualquer outra.

Art. 2o Nos atendimentos em saúde mental, de qualquer natureza, a pessoa e seus familiares ou responsáveis serão formalmente cientificados dos direitos enumerados no parágrafo único deste artigo.

Parágrafo único. São direitos da pessoa portadora de transtorno mental:

I - ter acesso ao melhor tratamento do sistema de saúde, consentâneo às suas necessidades;

II - ser tratada com humanidade e respeito e no interesse exclusivo de beneficiar sua saúde, visando alcançar sua recuperação pela inserção na família, no trabalho e na comunidade;

III - ser protegida contra qualquer forma de abuso e exploração;

IV - ter garantia de sigilo nas informações prestadas;

V - ter direito à presença médica, em qualquer tempo, para esclarecer a necessidade ou não de sua hospitalização involuntária;

VI - ter livre acesso aos meios de comunicação disponíveis;

VII - receber o maior número de informações a respeito de sua doença e de seu tratamento;

VIII - ser tratada em ambiente terapêutico pelos meios menos invasivos possíveis;

IX - ser tratada, preferencialmente, em serviços comunitários de saúde mental.

Art. 3o É responsabilidade do Estado o desenvolvimento da política de saúde mental, a assistência e a promoção de ações de saúde aos portadores de transtornos mentais, com a devida participação da sociedade e da família, a qual será prestada em estabelecimento de saúde mental, assim entendidas as instituições ou unidades que ofereçam assistência em saúde aos portadores de transtornos mentais.

Art. 4o A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.

§ 1o O tratamento visará, como finalidade permanente, a reinserção social do paciente em seu meio.

§ 2o O tratamento em regime de internação será estruturado de forma a oferecer assistência integral à pessoa portadora de transtornos mentais, incluindo serviços médicos, de assistência social, psicológicos, ocupacionais, de lazer, e outros.

§ 3o É vedada a internação de pacientes portadores de transtornos mentais em instituições com características asilares, ou seja, aquelas desprovidas dos recursos mencionados no § 2o e que não assegurem aos pacientes os direitos enumerados no parágrafo único do art. 2o.

Art. 5o O paciente há longo tempo hospitalizado ou para o qual se caracterize situação de grave dependência institucional, decorrente de seu quadro clínico ou de ausência de suporte social, será objeto de política específica de alta planejada e reabilitação psicossocial assistida, sob responsabilidade da autoridade sanitária competente e supervisão de instância a ser definida pelo Poder Executivo, assegurada a continuidade do tratamento, quando necessário.

Art. 6o A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.

Parágrafo único. São considerados os seguintes tipos de internação psiquiátrica:

I - internação voluntária: aquela que se dá com o consentimento do usuário;

II - internação involuntária: aquela que se dá sem o consentimento do usuário e a pedido de terceiro; e

III - internação compulsória: aquela determinada pela Justiça.

Art. 7o A pessoa que solicita voluntariamente sua internação, ou que a consente, deve assinar, no momento da admissão, uma declaração de que optou por esse regime de tratamento.

Parágrafo único. O término da internação voluntária dar-se-á por solicitação escrita do paciente ou por determinação do médico assistente.

Art. 8o A internação voluntária ou involuntária somente será autorizada por médico devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina - CRM do Estado onde se localize o estabelecimento.

§ 1o A internação psiquiátrica involuntária deverá, no prazo de setenta e duas horas, ser comunicada ao Ministério Público Estadual pelo responsável técnico do estabelecimento no qual tenha ocorrido, devendo esse mesmo procedimento ser adotado quando da respectiva alta.

§ 2o O término da internação involuntária dar-se-á por solicitação escrita do familiar, ou responsável legal, ou quando estabelecido pelo especialista responsável pelo tratamento.

Art. 9o A internação compulsória é determinada, de acordo com a legislação vigente, pelo juiz competente, que levará em conta as condições de segurança do estabelecimento, quanto à salvaguarda do paciente, dos demais internados e funcionários.

Art. 10. Evasão, transferência, acidente, intercorrência clínica grave e falecimento serão comunicados pela direção do estabelecimento de saúde mental aos familiares, ou ao representante legal do paciente, bem como à autoridade sanitária responsável, no prazo máximo de vinte e quatro horas da data da ocorrência.

Art. 11. Pesquisas científicas para fins diagnósticos ou terapêuticos não poderão ser realizadas sem o consentimento expresso do paciente, ou de seu representante legal, e sem a devida comunicação aos conselhos profissionais competentes e ao Conselho Nacional de Saúde.

Art. 12. O Conselho Nacional de Saúde, no âmbito de sua atuação, criará comissão nacional para acompanhar a implementação desta Lei.

Art. 13. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 6 de abril de 2001; 180o da Independência e 113o da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Jose Gregori
José Serra
Roberto Brant